El precio del aceite agrícola en España tras la guerra con Irán ha experimentado una sacudida sin precedentes en velocidad. El gasóleo agrícola subió más de un 41 % en apenas una semana, y los fertilizantes nitrogenados se dispararon un 20 %, generando un sobrecoste estimado de 890 millones de euros anuales para el sector agrario español.
+41%
Subida del gasóleo agrícola en la primera semana de conflicto
+20%
Encarecimiento de la urea (fertilizante nitrogenado)
890 M€
Sobrecoste anual estimado para el campo español
-3.8%
Caída del aceite de oliva virgen extra en origen (sem. 9)
El detonante: el estrecho de Ormuz y el crudo disparado
Cuando a finales de febrero de 2026 estalló el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, los mercados energéticos globales reaccionaron de inmediato. El barril de Brent, que cotizaba en torno a los 60 dólares a comienzos de año, superó los 110 dólares en pocas semanas. La razón es geográfica y estratégica: Irán se sitúa junto al Estrecho de Ormuz, la arteria por la que discurre alrededor del 20 % del petróleo mundial. Cualquier amenaza sobre ese punto provoca tensión instantánea en los mercados.
España acusó el golpe rápidamente. En solo tres semanas de conflicto, la gasolina se encareció un 18,9 % y el diésel acumuló una subida cercana al 31,1 %, según datos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El precio medio del diésel en España alcanzó 1,837 euros por litro según el Boletín Petrolero de la Unión Europea, aunque en autopistas y grandes ciudades muchas estaciones de servicio ya lo superaban ampliamente.
El gasóleo agrícola: de 0,85 a más de 1,20 € en siete días
El impacto más inmediato y brutal para el agricultor español se produjo en el precio del gasóleo agrícola (gasóleo B). Según datos de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos), en menos de una semana el producto pasó de 0,85 euros por litro a más de 1,20 euros, una subida del 41 % sin que se hubiera interrumpido ni alterado físicamente el suministro en España.
Para poner esa cifra en contexto: durante todo 2025, el precio del gasóleo agrícola osciló entre un mínimo de aproximadamente 1,080 euros por litro a mediados de junio y un máximo de 1,18 euros a finales de febrero. Con un consumo anual del sector de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar a 1,08 o a 1,18 ya representaba 200 millones de euros de sobrecoste. La nueva realidad post-conflicto multiplicaba ese impacto de forma exponencial.
¿Especulación o mercado?
Aquí surge la controversia central. Tanto COAG como Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos califican estas subidas de especulación en el sentido técnico del término: los precios reaccionaron a expectativas futuras, no a alteraciones reales en la cadena de suministro española. El producto almacenado en los depósitos de los distribuidores fue adquirido antes del inicio del conflicto, a precios anteriores. Sin embargo, el precio al agricultor ya reflejaba una «prima de guerra».
El dato clave que sostiene esta acusación: más del 75 % del crudo que llega a España no transita por el Estrecho de Ormuz. En cuanto a los fertilizantes nitrogenados, los principales proveedores de España son Marruecos, Argelia, Egipto y Rusia, ninguno dependiente de esa ruta marítima. La participación de Irán en el suministro real de urea a España es marginal.
Fertilizantes: el otro flanco del campo español
Si el gasóleo fue el primer golpe, los fertilizantes representaron el segundo. La urea superó los 600 euros por tonelada, un incremento del 20 % en la primera semana de conflicto. El momento no podía ser más delicado: las semanas posteriores al estallido coincidían con el período crítico de fertilización de los cereales, una tarea que los agricultores deben realizar sin margen de retraso para no comprometer la cosecha.
El mecanismo de transmisión es indirecto pero poderoso: el gas natural es el insumo principal para fabricar fertilizantes nitrogenados como la urea y el amoníaco. Si el precio del gas sube por la tensión geopolítica, el coste de producción del fertilizante sube con él, independientemente de dónde se fabrique y de quién lo transporte. Se estima además que más del 30 % de la urea mundial viaja por rutas cercanas al conflicto, lo que añade presión logística.
Para los ganaderos, el impacto se multiplica. Primero, el sobrecoste del cereal destinado a piensos. Después, el uso propio del fertilizante en primavera para estimular el rebrote de praderas. Representantes de COAG alertaron de que para sectores como el ganadero, un sobrecoste del 30 % podía ser «mortal de necesidad» en un contexto en que ya caían dos ganaderos al día en España.
El aceite de oliva: la paradoja del mercado
Resulta llamativo que, en medio de toda esta presión energética, el precio del aceite de oliva virgen extra en origen no haya subido, sino que haya bajado. Los datos del Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía lo confirman: en la semana 9, el virgen extra cayó de 4,69 a 4,51 euros por kilogramo, un descenso del 3,8 %, justo cuando el crudo superaba los 80 dólares por barril.
La explicación está en la lógica interna del mercado oleícola: a principios de marzo nos encontrábamos al final de la campaña de molturación, con bodegas en su punto de máximo llenado y cooperativas necesitadas de liquidez. La presión para vender y hacer hueco pesó más en el precio diario que cualquier factor geopolítico. El aceite de oliva tiene su propio ritmo, dictado por la disponibilidad física inmediata, los stocks y las dinámicas de trading del sector.
Sin embargo, los expertos advierten que esto puede ser temporal. Si el conflicto persiste y los precios del combustible continúan al alza, el coste de producir aceite de oliva se incrementará inevitablemente: mover la aceituna al molino y el aceite a los mercados internacionales depende directamente de la energía. El agricultor se enfrenta entonces a un doble desafío: márgenes más ajustados y necesidad de inversión para compensar el gasto energético, sin poder trasladar esa presión al precio de venta en origen.
El efecto cadena: del campo al supermercado
El encarecimiento de los insumos agrícolas no se queda en la explotación. La cadena alimentaria actúa como amplificador. Como señaló un representante de COAG, todo lo que sube en los costes en origen se multiplica en los lineales: si una lechuga sube 20 céntimos en origen, la subida en destino puede alcanzar el euro. Con los cereales, que son materia prima para piensos y por ende para la carne, el efecto puede tardar meses en llegar al consumidor, pero llega.
Algunos analistas ya hablan de un posible «shock de oferta» global comparable a crisis energéticas del pasado, con efectos que podrían prolongarse hasta 2027 si el conflicto se extiende. El sector transporte tampoco escapa: el combustible de aviación, en parte suministrado desde el Golfo Pérsico, está entre los más afectados en Europa, lo que encarece la logística de exportación de productos agrarios españoles.
Las demandas del sector y la respuesta del Gobierno
Ante esta situación, las organizaciones agrarias han reclamado medidas urgentes en varios frentes. COAG ha pedido a la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y la Competencia) que abra una investigación de oficio sobre las prácticas de fijación de precios en la distribución de gasóleo y fertilizantes. También reclaman que el Gobierno active mecanismos de control de márgenes y que se adelante la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos para el gasóleo agrícola, un beneficio que actualmente llega tarde y que solo cubre aproximadamente la mitad del gasóleo consumido por el sector.
El Gobierno respondió con el Real Decreto-ley 7/2026, que movilizó 5.000 millones de euros con medidas de alivio temporal. Sin embargo, las organizaciones agrarias insisten en que se necesitan actuaciones estructurales: imposición fiscal mínima para el gasóleo, mecanismo permanente de descuento en poste, seguimiento riguroso de inventarios y, en caso de riesgo real de interrupción del suministro, la liberación de reservas estratégicas.
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Perspectivas: ¿qué puede esperarse a corto y medio plazo?
La magnitud del impacto final dependerá de la duración e intensidad del conflicto. La Agencia Internacional de Energía estima que la oferta mundial de petróleo podría aumentar en 1,1 millones de barriles diarios durante 2026, y que los productores no pertenecientes a la OPEP+ representarán la totalidad de ese incremento, lo que podría aliviar algo la presión. Las reservas mundiales alcanzaron los 8.210 millones de barriles en enero, su nivel más alto desde 2021, lo que ofrece cierto colchón.
No obstante, si el conflicto persiste, la presión sobre los costes agrícolas se mantendrá e incluso podría agravarse. El campo español, que ya arrastraba el recuerdo del shock energético de 2022 cuando el gasóleo llegó a 1,7 euros por litro, sabe que las bajadas siempre son más lentas que las subidas. Y mientras la geopolítica decide, son los agricultores quienes pagan la factura.
