Fue hace menos de un mes la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) estaba de celebración: un fallo de la Justicia había levantado una intervención que pesaba sobre OSPRERA, su obra social, y de este modo el gremio encabezado por José Voytenco había recuperado el control.
Sin embargo, duró poco la felicidad: este martes, argumentando pésimos resultados de una auditoria efectuada sobre la obra social, la Superintendencia de Servicios de Salud designó a Virginia Montero como Administradora Provisoria de OSPRERA. Es decir, el Gobierno intervino la obra social de los trabajadores rurales.
Según explicaron a través de un comunicado, se detectaron “gravísimos incumplimientos, falta de satisfacción de los afiliados y deficiencias en la calidad y cantidad de prestaciones”.
La medida se oficializó a través de la Resolución 1612/2024, publicada en el Boletín Oficial.
“Esta acción, que tiene como objetivo principal proteger a los afiliados de la Obra Social y garantizar su normal funcionamiento, es consecuencia de las diversas auditorías que viene realizando semanalmente el organismo desde que comenzó el año, en línea con su rol fiscalizador”, advirtieron.
En ese sentido, reconocieron que con esta medida, se “busca preservar la cobertura médico asistencial de los beneficiarios de la Osprera, que de acuerdo al análisis técnico realizado, acredita irregularidades y graves deficiencias en su funcionamiento”.
A partir de una auditoría que realizó la SSSalud se detectaron gravísimos incumplimientos en los servicios a los beneficiarios y serias dificultades financieras en OSPRERA, por lo que se designó una administración provisoria para su normalización 👇🏽https://t.co/1lCpimTPNN
— 🇦🇷 Superintendencia de Servicios de Salud 🇦🇷 (@SSSALUD) August 6, 2024
UN REVÉS PARA LA UATRE
Según el comunicado oficial, las diversas áreas técnicas de la Superintendencia de Servicios de Salud fiscalizaron la documentación e información de la obra social, que cuenta con 759.203 beneficiarios.
Se realizó un análisis pormenorizado de los aspectos institucionales, prestacionales, contables y jurídicos, y así advirtieron una serie de infracciones e incumplimientos graves.
“Así quedó en evidencia la dificultad en la liquidez y solvencia de la institución, así como también un endeudamiento significativo que pone en riesgo su estabilidad financiera a corto y mediano plazo”, remarcaron.
Y concluyeron: “La deuda prestacional a marzo de este año es de $43.949.000.000, un 63% más que la que tenía al 30 de septiembre de 2023, es decir en apenas 6 meses”.