El mensaje de elevación del Presupuesto 2025 contiene 135 páginas que intentan ser un resumen de la totalidad del proyecto de Ley que son miles de folios para analizar, con millones de números para considerar.
Pero en un primer análisis y aproximación a la primera “ley de leyes” elaborada por la administración liderada por el presidente Javier Milei, además del dato de que las retenciones no solo continúan sino que se pretende que dupliquen su recaudación, existen otras informaciones relacionadas con el agro.
Entre ellas, sorprendió la inclusión de un apartado denominado “riesgos fiscales”, en el que el Gobierno analiza qué eventos o factores pueden generar desvíos entre la trayectoria efectivamente observada de las variables fiscales y las proyecciones efectuadas para un período, pudiendo impactar significativamente en el resultado fiscal.
Cabe recordar que el Presupuesto 2025 ha sido elaborado con la misma lógica que Milei viene defendiendo a capa y espada: el superávit como aspecto innegociable.
En esa línea, se incluye esta suerte de anticipación sobre eventos relacionados con la estructura económica que “podrían ejercer presión sobre la maniobrabilidad de la instrumentación de políticas públicas y podría tensionar el cumplimiento de metas fiscales”.
EL PRESUPUESTO 2025 Y EL RIESGO FISCAL DE UNA SEQUÍA
“Estos riesgos pueden tener diversos orígenes y, en función de ello, pueden clasificarse en riesgos macroeconómicos y riesgos específicos. Esta sección hará foco en riesgos específicos, puntualmente realizando un análisis del posible impacto de una sequía en las cuentas públicas”, puntualiza, en este contexto, el documento oficial.
Cabe recordar que, aunque el texto no lo menciona, está prevista la llegada de La Niña para la campaña 2024/25, y de hecho el régimen de precipitaciones de la temporada otoño-invernal ha sido deficitario en gran parte del país.
La sequía invernal genera preocupación, pero el alivio es que La Niña asoma cada vez más débil
En este marco, el Gobierno subraya que las sequías “han sido el fenómeno más frecuente y destructivo” para la economía argentina en los últimos años, “representando el 40% del total de los eventos, y ocasionando pérdidas recurrentes y de gran magnitud”.
Por este motivo, el mensaje de elevación agrega que “las sequías representan una amenaza constante y relevante para la estabilidad fiscal, ya que afectan directamente la capacidad productiva y, por ende, la recaudación de impuestos, especialmente aquellos relacionados con las exportaciones agrícolas”.
Y añade: “A su vez, existe un efecto de segunda vuelta del sector agropecuario en otros sectores de la economía que repercute en la recaudación de otros impuestos y podría tener un correlato en el gasto público”.
Por eso, “la capacidad de respuesta del gobierno central ante tales eventos es crucial para mitigar su impacto y asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo”, completa.
LAS SEQUÍAS Y SUS MILLONARIAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Para sostener todas estas consideraciones, el Gobierno cita datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca que calculan pérdidas económicas por un total de U$S 33.464 millones entre 2014 y 2023, como consecuencia de sequías, inundaciones, heladas, y granizos.
En el caso de las sequías, el informe asegura que “han sido los eventos más destructivos” y cita la de 2017/18, cuando la producción de soja cayó 31% y quedaron en el camino U$S 5.895 millones; o el reciente evento catastrófico de 2022/23 cuando entre soja, maíz y trigo se perdieron U$S 14.140 millones.
“Esto provocó una caída en las exportaciones de granos y subproductos y, como consecuencia, tuvo un impacto en la recaudación de derechos de exportación estimado en US$2.314 millones, así como otros US$ 3.742 millones en otros impuestos, incluyendo ganancias, totalizando una caída de US$ 6.056 millones en los ingresos públicos”, estiman desde el Estado.
Por este motivo, pensando precisamente en los riesgos fiscales para 2025, el Gobierno modelizó una proyección del potencial impacto macro-fiscal de una sequía.
Para ello, se partió de un supuesto de una reducción de 20% de la producción de los principales cultivos. “Esta simulación utiliza un modelo de equilibrio general que evalúa impactos directos e indirectos de una sequía en la actividad. Se parte de un crecimiento de 5 puntos en el PBI, y se analiza el impacto de la misma en actividad y en las cuentas fiscales”, precisaron desde el Poder Ejecutivo.
Los resultados observados fueron los siguientes:
Las conclusiones:
Por el lado de los ingresos, al alterarse los montos de exportaciones, se registra un impacto relevante en los Derechos de Exportación, mientras que en el resto de los ingresos impositivos se registra una merma real que se compensa en términos del PBI con la caída del producto.
En lo que respecta al gasto primario, dado que más de la mitad del mismo se encuentra indexado, una caída del nivel de actividad incrementa el mismo en porcentaje del producto. Así, una sequía de esta magnitud tendría un impacto sobre el resultado de -0,37 puntos del PBI.
En el marco de la nueva política fiscal, lo que esto implicaría es la necesidad de un ajuste en las partidas discrecionales del gasto tal que permita compensar los efectos de una sequía para mantener el comprometido equilibrio financiero en el 2025, tal como se plantea en el presente Proyecto de Ley de Presupuesto.
“Hacia delante, se continuará reforzando el análisis de riesgos fiscales de modo de trabajar en políticas de mitigación que permitan hacer frente al impacto de los mismos. En este sentido, en el marco de la nueva política fiscal que implica que mayores ingresos no necesariamente implicarán un incremento del gasto, cualquier ahorro que surja de unos ingresos por encima de los estimados, podrían destinarse parcialmente a mitigar el impacto de eventos futuros como el analizado en la presente sección”, cierra el apartado sobre estos riesgos fiscales.
